Demanda para la salvaguarda del patrimonio documental del Archivo Nacional del Ecuador

La publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Cultura (LOC), realizada en diciembre de 2016, crea la necesidad de que exista un Reglamento General para dicha ley, así como normativas técnicas específicas para los diferentes sectores del campo cultural y la organización de las redes que están plasmadas en dicha ley.

Si bien la LOC es una conquista histórica para quienes durante años hemos solicitado al Estado ecuatoriano la emisión de Políticas Públicas sobre Cultura que permitan crear institucionalidad en el sector y contar con reglas de juego claras para garantizar los derechos culturales que como ciudadanos y ciudadanas poseemos, el ente rector, llamado a ser el Constructor del Reglamento General y de las normativas técnicas específicas de cada sector, no ha abierto suficientes canales de participación, y esto ha dado lugar a rumores sobre el destino de museos, archivos y bibliotecas públicas.

Ante esto, el sector de la cultura ha respondido de varias formas críticas. Primero con la elaboración de los insumos para el Reglamento General sobre la gestión de los museos, realizados en el Museo Universitario MUCE; luego, con esta carta que pide un pronunciamiento público sobre el destino que tendrá el Archivo Nacional, que durante años ha operado en la ciudad como un lugar que ha acompañado a la producción de conocimiento de múltiples investigadores nacionales y extranjeros, cuyos trabajos han permitido abrir nuevas lecturas sobre el pasado, y en consecuencia, nuevas formas de interpelar el presente.

Por la memoria, por la historia, por la producción de conocimientos, por la articulación con los saberes, por un Archivo Nacional gestionado con autonomía responsable, por la construcción de políticas elaboradas técnicamente para el fortalecimiento del sector, firmemos todos y todas esta petición.

Susan Rocha

Directora Museo Universitario MUCE

Universidad Central del Ecuador

CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

 

Quito, 9 de mayo de 2017

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Economista
Andrés Arauz
Ministro de Cultura y Patrimonio, Encargado
Ciudad
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De nuestras consideraciones:

Ante la posibilidad de que el Archivo Nacional del Ecuador, que fue creado en 1938 y guarda el patrimonio documental de más larga duración en la historia del país, sea trasladado físicamente o reubicado en términos administrativos de manera subordinada al Centro Cívico Ciudad Alfaro, los abajo firmantes, estudiantes, investigadores, profesores universitarios y archiveros, pertenecientes a diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas, así como docentes de universidades del exterior y demás personas interesadas en la cultura, todos aunados con el propósito de salvaguardar las fuentes documentales de la memoria colectiva, nos dirigimos a usted para pedir que aclare públicamente cuáles son los criterios que respaldarían esta decisión en caso de ejecutarla. Los rumores y comentarios que hemos escuchado en estos últimos días, además de cierta información de la que disponemos y el hermetismo en el que se ha desenvuelto este proceso, nos alertan sobre el incierto destino que le depararía al Archivo Nacional. Al mismo tiempo aprovechamos esta oportunidad para demandar una discusión abierta y participativa sobre el funcionamiento de las bibliotecas de libros antiguos y de investigación.

Muchos de quienes suscribimos hoy esta comunicación, también firmamos con entusiasmo en 2008 una petición dirigida a la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, con el fin de que los archivos históricos, las bibliotecas de libros antiguos, las hemerotecas y fototecas sean incluidas dentro del concepto de bienes patrimoniales de la nación y reciban la salvaguarda, puesta en valor, difusión y apoyo responsable por parte del Estado. Consideramos que la inclusión final de esta propuesta en los artículos 379 y 380 de la Constitución vigente fue el resultado de la militancia de historiadores, archiveros y bibliotecarios en favor de la memoria colectiva y la investigación social, una tarea que continúa.

Sobre la base de este antecedente, reiteramos nuestra preocupación respecto a cuáles son los estudios técnicos y el tipo de asesoría que sustentarían la intención de trasladar o adscribir el Archivo Nacional a la institución Ciudad Alfaro. Quienes conocemos el Archivo Nacional en calidad de investigadores sabemos que allí se guarda una insustituible documentación generada entre los siglos XVI y XX, a partir de la cual se elaboraron numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado, acreditadas por universidades nacionales y extranjeras, así como otras investigaciones que contribuyen decisivamente a examinar el pasado. También tenemos en alta estima el valioso archivo que se ha organizado en Ciudad Alfaro para honrar la memoria de uno de los personajes clave del Ecuador y la fundamental transformación política que lideró. No obstante, consideramos que desde una perspectiva técnica y académica ambos repositorios son de naturaleza y jerarquía diversa, y no pueden ser entremezclados ni su estatus confundido. Una cosa es un archivo de rango nacional que acredita más de ochenta años de funcionamiento institucional, conservando repositorios únicos provenientes de los períodos colonial y republicano, base del desarrollo de la producción historiográfica del país; y otra diferente es un archivo regional de reciente formación que anhelamos cumpla un papel importante en la investigación.

 

Una decisión burocrática desinformada de las consideraciones anotadas puede ocasionar una grave afectación a una institución que está llamada a vertebrar las políticas públicas hacia los archivos históricos. Solo basta observar cuál es el rol que los archivos nacionales cumplen en otros países latinoamericanos para sopesar su importancia. El “Archivo Histórico Nacional” del que se habla en la Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio, expedida en diciembre del año anterior, no puede ser otro que el actual Archivo Nacional del Ecuador. Un subterfugio de cambio de denominación o juego de palabras no puede reemplazar una realidad histórica.

Resulta una ironía estar enfrascados en la defensa de la existencia del Archivo Nacional en vez de ocuparnos de tejer alianzas entre el mundo universitario y el Estado, y otras instancias internacionales, como el Consejo Internacional de Archivos y otros entes técnicos, para contribuir a la potenciación de nuestro Archivo Nacional, mejorando su infraestructura física, incrementando su presupuesto, ampliando su personal especializado y dotándole de una agenda de servicio a la investigación social y al desarrollo de una ciudadanía cultural de nuevo tipo. Un país en el que se maneja discrecional e inconsultamente el archivo nacional y las bibliotecas de investigación, corre el riesgo de institucionalizar la arbitrariedad y cimentar la desmemoria. Como se sabe no hay identidad posible sin el aporte de la memoria colectiva, uno de cuyos ejes es el patrimonio documental.

Investigadores y ciudadanos demandamos la inmediata  suspensión de cualquier decisión que afecte la integridad e institucionalidad del Archivo Nacional, hasta que se produzca una discusión abierta y participativa con todos los actores comprometidos con la salvaguardia de la memoria colectiva. Este requisito de socialización es fundamental para legitimar las decisiones en materia de política pública, tal cual lo señala la Constitución del Ecuador.

Atentamente,


Coalición por la defensa del patrimonio documental y la memoria colectiva

 

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