Nuestra forma de ser críticos: Análisis sobre la situación de los archivos en el Ecuador

Por Susan Rocha

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¿Cuántas historias pueden contarse gracias a una fotografía? ¿Qué tipo de memorias pueden habitar en un testamento? ¿Cuántas vidas están ocultas en los juicios? ¿De qué manera los documentos pueden ayudarnos a relatar formas de resistencia, dolor, valentía, picardía o astucia? Y lo más importante, ¿cómo podrían construir conocimiento estos relatos si no contaran con fuentes que den fe de que el investigador dialogó con estos documentos?

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Imaginemos qué pasaría si los documentos que componen el patrimonio documental del Ecuador se deterioran, si se llenan de hongos o de humedad, si se cubren de deyecciones, si conviven con roedores, palomas o ratones, si se llenan de piojos, pulgas, polillas o pececillos de plata, si se encuentran con bacterias peligrosas e incluso cancerígenas para el ser humano, o en ambientes húmedos, guardados como papeles inservibles debajo de escaleras. Seguramente pensaríamos que estamos habitando un cuento de realismo mágico donde la memoria social desaparece dejándonos sin pasado y, por ende, sin formas de analizar prospectivamente el futuro.

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Y si percibieramos que éstas no son imaginaciones sino realidades, entonces cabría preguntarse: ¿Cúal es el estado actual de los archivos en el Ecuador? ¿cuáles son los riesgos que posee el patrimonio documental actualmente? ¿cómo se podría fortalecer esta institución en el país? Estas y otras preguntas guiarán las reflexiones que comparto a continuación.

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En diciembre de 2016 se inscribió en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Cultura, la misma que en el título VII conforma el “Subsistema de memoria social y patrimonio cultural” que se configura a través de redes para museos, archivos y bibliotecas. Esta nueva LOC requiere de un Reglamento General, un Modelo de gestión para organizar la institucionalidad cultural de tal forma que pueda dar cumplimiento a la ley, y normativas técnicas específicas para fortalecer a las instituciones que conforman el subsistema referido.

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En este marco jurídico, es importante recalcar que la función de estos documentos es brindar respuestas técnicas basadas en la realidad cotidiana de las instituciones a las cuales está normando, facilitar la accesibilidad para los usuarios, fomentar prácticas de buen compartir, de construcción de infraestructura técnica, capacitación y profesionalización del sector. Esto sólo es posible si se cuenta con la participación de quienes laboran diariamente allí, de sus usuarios, de las academias que forman a los profesionales de estos campos y de la ciudadanía.

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Con mucha preocupación, hemos percibido que el ente rector de la cultura ha redactado de forma unilateral y además inconsulta la construcción de estatutos y ordenanzas para el sector en lugar de una cimentación colectiva. Ante esto nuestra forma de ser críticos es organizarnos con la finalidad de construir propuestas técnicas de insumos para museos, archivos y bibliotecas. Prueba de ello fue el proceso llevado a cabo por el Museo Universitario MUCE, conjuntamente con Paralaje.xyz, Gescultura, Salasaka-Lab, en el que participaron las Redes de Museos de la Ciudad, representantes de los museos privados, eclesiásticos, militares, municipales, universitarios, el Instituto Municipal de Patrimonio de Quito, el proyecto LIPADA, academias como la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) y la Universidad Central del Ecuador (UCE), gestores culturales, actores culturales, investigadores, colectivos y la ciudadanía interesada en los efectos de la LOC sobre la gestión de museos. Ahora es momento de realizar propuestas para archivos y bibliotecas, cuya problemática no es menor, pues se han efectuado acciones inconclusas sin que exista una continuidad y coherencia entre las agendas ministeriales de un mismo gobierno. A continuación voy a efectuar un muy breve recorrido de algunas acciones que explican el estado actual de los archivos.

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Luego del robo de la Custodia de oro y piedras preciosas que aconteció en el año 2007 en el Museo de las Conceptas de Riobamba, el gobierno reaccionó con una propuesta de levantamiento de una línea base para tomar medidas para la salvaguarda del patrimonio. Es así que entre 2008 y 2010 se realizó el proyecto “SOS Patrimonio”, emprendido por el Ministerio Coordinador de Patrimonio con el apoyo de varias universidades del país. Se realizó un análisis del estado actual de repositorios, edificaciones y bienes culturales en el territorio nacional, elaborando alrededor de 80.000 fichas. Este diagnóstico indicó que se requería de alrededor de 66’000.000 USD para resolver los problemas de salvaguarda del patrimonio, dinero que según la planificación debía ser invertido hasta el año 2013. Esta transformación nunca fue realizada.

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Gracias al proyecto SOS Patrimonio sabemos que existen más de 2.320 repertorios documentales en el país, y que la mayoría de ellos se encuentran en estado de riesgo. Es decir que los documentos que allí reposan poseen un alto peligro de deterioro o están atravesando por graves procesos de desgaste, debido en primera instancia a la falta de inversión estatal en estos repositorios que no cuentan con edificaciones adecuadas que soporten el peso del papel, que estén libres de humedad, ni con la infraestructura de conservación preventiva básica como deshumidificadores o reguladores de temperatura, y papel con PH neutro. A veces, incluso, no cuentan con espacios adecuados de almacenaje o de investigación para atender a los usuarios. En varios lugares se encontraron deyecciones de animales, hongos y en alguna ocasión hasta roedores y gatos.

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El problema principal con los archivos es que se trata de documentación que diariamente crece, pues se alimenta de notarías, municipios, juntas parroquiales, universidades e instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, los ministerios, etc. Estos documentos reposan en estos lugares un tiempo, mientras se encuentran activos para la consulta o gestión de quienes laboran allí, luego pasan a los archivos intermedios1, donde permanecen hasta ser parte de los archivos históricos2. Según la ley, los documentos que pasan a este último archivo son anteriores a 1920. Todo esto se suma a la amplísima documentación colonial. Por ello, los archivos intermedios crecen diariamente, sin que exista infraestructura para recibir más documentos, y sin poder transferir cantidades similares de documentos a los archivos históricos. Esto, sumado a la proliferación de documentos digitales hace que la documentación más frágil y a veces difícil de encontrar sea la del siglo XX. Esto explica la gran cantidad de archivos que existen en el Ecuador con riesgo de deterioro.

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La primera pregunta que surge aquí es: si se poseía un diagnóstico tan bien elaborado por SOS Patrimonio sobre la situación de los archivos en el país, ¿por qué no se tomó medidas inmediatas para resolver técnicamente el problema de los archivos en el Ecuador? ¿por qué no se propuso un fortalecimiento de los archivos centrales, históricos e intermedios? Y más importante aún, ahora que las vacas gordas han concluido ¿qué podemos esperar con respecto a la gestión de archivos?

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Quiero pensar que la LOC, con su Reglamento General y las normativas específicas para los archivos son una oportunidad para que los archivos se fortalezcan, que sean verdaderos laboratorios de investigación, constructores de conocimiento y guardianes de las memorias colectivas que dotan de raíces a las múltiples identidades. Esperanza que muchos depositaron cuando en 2008 los historiadores solicitaron a la Asamblea Nacional que se considere al patrimonio documental como parte del patrimonio nacional, en el proyecto SOS Patrimonio como en la Ley del Sistema Nacional de Archivos de 1982. Incluso estoy segura que en 1938 3, cuando se creó en el Ecuador de forma tardía el Archivo Nacional, muchos historiadores deben haber tenido fe en la conservación de documentos que estaban en condiciones de humedad guardados en sótanos. Mi esperanza se diluye cuando veo la forma en que el Estado ha descuidado al patrimonio documental, observo que los recursos del ente rector de la cultura no han llegado a cubrir las necesidades mínimas de los archivos con respecto a la salvaguarda, menos aún aquellas que tienen que ver con dar facilidades de uso a los investigadores.

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Al momento se ha organizado una Coalición por la Defensa del Patrimonio Documental y la Memoria Social conformado por historiadores, historiadores del arte, archivistas, investigadores, curadores, académicos de la UASB, PUCE, UCE, UTE y FLACSO, junto a la ciudadanía preocupada por el futuro de los archivos ecuatorianos. Sumando las firmas físicas y virtuales esta coalición ha logrado alrededor de 1000 adhesiones con importantes comentarios de intelectuales e investigadores destacados de todo el mundo. Esta capacidad de organización colectiva, en cambio, me da nuevamente esperanza, esperanza en que la presión ejercida y por ejercerse logre abrir una grieta que brinde luz a la construcción de políticas públicas, a un Reglamento General y a normativas específicas que incluyan nuestro punto de vista y el de otras voces que ven en el archivo un interlocutor válido para comunicarse con el pasado, comprender el presente y proponer un mañana mejor. Esperanza en la acción ciudadana de juntarse a dialogar para construir un espacio de lo común y exigirlo al Estado.

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El pedido de esta coalición trasciende la cuestión coyuntural con respecto al posible traslado de los documentos del Archivo Nacional de Quito a Montecristi; en su lugar, abre un espacio de demanda ciudadana para el fortalecimiento de los archivos en el país. Nuestra forma de ser críticos es autoconvocarnos a dialogar, es proponer insumos para fortalecer a las instituciones, es un llamado a la reflexión y a la acción. Nuestra forma de ser críticos jamás podría ser la oposición ciega y visceral a la LOC, es más bien un llamado al cumplimiento de nuestros derechos a ejercer una ciudadanía activa y consciente de la importancia que la memoria social posee.

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Notas 

1. El archivo intermedio es una institución pública que almacena de forma transitoria la documentación de las Instituciones que la producen y la entrega a los archivos históricos. El archivo intermedio se encarga de seleccionar lo que se debe preservar y lo que se debe de eliminar. 
2. El archivo histórico es una institución pública que recibe lo transferido por el archivo intermedio para que esos documentos se preserven, clasifiquen, cataloguen, gestionen, investiguen y administren colocándolos al servicio de la ciudadanía, para consulta de especialistas y su difusión en trabajos académicos.
3. Cabe recalcar que el Archivo Nacional de México se creó en 1823, en Brasil en 1838 y otros países latinoamericanos durante el siglo XIX.

    

    

    

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Imagen de portada: 

Imagen encontrada entre los folios del Archivo Nacional del Ecuador.