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Traslado de bienes culturales a Unasur: Voces expertas opinan (primera parte)

Por Ana Rosa Valdez

 

La semana pasada el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, anunció el traslado de 46 mil bienes arqueológicos y artísticos, que actualmente se encuentran en el edificio Aranjuez, a la ex-sede de Unasur. El inmueble se encuentra ubicado en la parroquia rural de San Antonio de Pichincha, en el sector de la Mitad del Mundo. Según un artículo de diario El Comercio, este sitio fue elegido entre 12 edificios de Quito, pues constituye la opción más económica. El costo del traslado sería de USD 372,365.28.

Esta decisión es ampliamente cuestionada por docentes y estudiantes universitarios, investigadores, miembros de organizaciones profesionales y ciudadanas que integran la Coalición por la Defensa del Patrimonio. Este colectivo se ha pronunciado anteriormente sobre las decisiones institucionales que carecen de criterios técnicos con respecto al patrimonio cultural e histórico del país.  

Los antecedentes del traslado de bienes culturales a Unasur se remontan a noviembre de 2019, cuando, por pedido de la entonces ministra subrogante Ana María Armijos, la Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos emitió un informe de inspección y evaluación sísmica del edificio Aranjuez. En él se advierte que “existe la probabilidad cierta de que ante la ocurrencia de un evento sísmico severo el edificio colapse, lo cual constituye un peligro inminente para la seguridad de los ocupantes del edificio, así como a las piezas de alto valor patrimonial”. Esta información había sido entregada en el 2017 por la Escuela Politécnica Nacional, como parte de un contrato suscrito con el Ministerio de Cultura titulado “Estudios para la evaluación y reforzamiento estructural del edificio Aranjuez”. 

En diciembre de 2019, la historiadora Malena Bedoya publicó una petición en Change que manifiesta su preocupación por el riesgo del patrimonio. El 10 enero de 2020 la Coalición publicó una carta abierta en Paralaje, en donde se solicitan respuestas sobre esta grave situación. El Ministerio de Cultura no se pronunció sobre el tema hasta el 20 de enero, cuando la Coalición organizó un plantón en los exteriores de su sede principal. En medio de la acción, Velasco recibió a representantes del colectivo. En la reunión se acordó crear una “comisión de veeduría y asesoramiento” para elegir el sitio adecuado para albergar los bienes. Desde este momento, el ministro pensaba en Unasur como una buena opción, contrario al criterio de los integrantes de la Coalición, quienes presentaron alternativas como el edificio matriz del Banco Central, el edificio del Antiguo Hospital Eugenio Espejo, la Antigua Embajada de los EE.UU., el ala norte del Centro de Arte Contemporáneo, y la sede Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde se encuentra el así llamado Museo Nacional (MuNA). 

Durante las primeras semanas de la cuarentena del Covid-19 no se tuvo noticias del traslado de los bienes, hasta el mes de abril cuando miembros de la Coalición conocieron que el Ministerio estaba preparando el proceso de contratación correspondiente de manera unilateral, sin que los expertos del colectivo participaran en la selección del sitio. El 28 de abril publicaron una carta abierta en Change dirigida al ministro Velasco, en la que, una vez más, rechazaron el plan de llevar los bienes a la sede de Unasur. Entre los argumentos presentados, se menciona que el edificio se encuentra en una de las zonas de mayor vulnerabilidad a sismos en Quito. La misiva culmina con el interés de los firmantes en contribuir con el proceso. 

Velasco nunca respondió al comunicado ni convocó a una nueva reunión con la Coalición. El 17 de junio anunció el traslado de los bienes culturales a Unasur, y se refirió a unos “análisis técnicos”. A pesar de su relevancia para fundamentar la elección de Unasur como nueva sede del patrimonio cultural, los análisis mencionados no han sido publicados por el Ministerio; tampoco se ha dado a conocer ningún informe o documento que justifique la decisión hasta este momento. 

Los únicos documentos de acceso público que conocemos hasta ahora son el informe de la Escuela Nacional Politécnica de 2017, y el informe de la Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos de noviembre de 2019. 

La Coalición por la Defensa del Patrimonio mantiene su rechazo a esta medida. Asimismo, cuestiona la posibilidad de trasladar el Museo Nacional a la sede de Unasur.

En Paralaje hemos recogido opiniones de especialistas en historia y cultura sobre el tema. Hoy publicamos las contribuciones de Carmen Fernández Salvador, profesora de arte colonial del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco, Trinidad Pérez y Santiago Cabrera, ambos docentes del área de Historia  de la Universidad Andina Simón Bolívar. En los próximos días compartiremos nuevas colaboraciones. 

Ana Rosa Valdez

Directora editorial, Paralaje

 

Edificio Aranjuez del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Foto: Ana Rosa Valdez

 

Opinión de Carmen Fernández-Salvador

El Ministerio de Cultura no ha proporcionado una justificación técnica convincente sobre la idoneidad del edificio de Unasur para recibir las colecciones de arqueología, de arte colonial, moderno y contemporáneo, y menos aún para el Museo Nacional. Esta es una decisión que se tomó ignorando las recomendaciones de académicos y gestores culturales que forman parte de la Coalición por la Defensa del Patrimonio, quienes mantuvieron reuniones con personal del ministerio y enviaron repetidas comunicaciones a su titular.

El Museo Nacional, al igual que sus colecciones, son parte importante de la memoria del país. Por ese motivo, deben encontrarse en un centro cívico, de fácil acceso para los visitantes. El traslado de este museo y de sus colecciones a la antigua sede de Unasur, lo volverán inaccesible para una buena parte de la ciudadanía. Preocupa, en este sentido, que este traslado esté motivado por otros intereses, privilegiando el emprendimiento turístico por sobre el significado social y patrimonial del museo y de sus colecciones.

El ministro ha señalado que el traslado de los bienes a Unasur asciende a un aproximado de 370.000 dólares. Es muy posible que esta suma no alcance a cubrir los costos para la readecuación del edificio; lo que sí queda claro es que este monto no es suficiente para el nuevo montaje del Museo Nacional. Recordemos, por otro lado, que este museo abrió sus puertas al público (tras varios años de permanecer cerrado) recién hace dos años. Particularmente en estos momentos de crisis económica, no existe un justificativo para acabar con el proyecto anterior e invertir en un nuevo museo.

Una tercera preocupación tiene que ver con el futuro de los fondos documentales y bibliográficos que, al igual que las colecciones arqueológicas y artísticas se encuentran en el Edificio Aranjuez. No sabemos cuál será su destino. 

Carmen Fernández-Salvador es historiadora del arte, obtuvo su Ph.D. de la Universidad de Chicago en el 2005. Actualmente es profesora de arte colonial del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito. Ha publicado varios estudios sobre arte colonial y decimonónico. Su libro Encuentros y desencuentros en la frontera imperial: la Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito y el Amazonas (s. XVII) fue publicado por Madrid por Iberoamericana Vervuert (2018). Durante el semestre de otoño de 2015 fue Robert F. Kennedy Visiting Professor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Harvard.

 

Opinión de Trinidad Pérez

Estoy en desacuerdo con la decisión tomada por el Ministerio de Cultura de trasladar los 46 mil bienes albergados en el Edificio Aranjuez al edificio de Unasur. Se trata de reservas patrimoniales de arqueología, arte, documentos históricos que deben ser accesibles a sus principales usuarios, que son los investigadores especializados y la comunidad de la ciudad en su totalidad. Esta decisión es aún más desacertada si, además, como el Ministro ha indicado varias veces, también se llevaría a Unasur el Museo Nacional (MuNa). Muchas son las razones por las que considero esta decisión errada e inconveniente; pero resaltaré la que considero es la principal. 

Es inconveniente, en primer lugar, porque el edificio de Unasur está ubicado en un lugar distante de la centralidad de la ciudad. Si bien, como cualquier otro sector de Quito, la comunidad de la Mitad del Mundo debería tener museos (que los tiene) y bibliotecas que atiendan a su necesidad de información y conocimiento, y puede requerir una renovación y reactivación de su oferta cultural, la sede y reservas del Museo Nacional y, peor aún, las bibliotecas y archivos del Ministerio de Cultura no deben ser trasladados a una locación tan alejada del centro físico de la ciudad. En casi todas las ciudades del mundo sus principales bibliotecas, archivos y museos se encuentran en la centralidad de la ciudad. Esto no significa desatender a las comunidades urbanas periféricas; al contrario, implica atender a todas desde un lugar equidistante. 

La distancia no es una razón menor cuando la ciudad carece de un servicio de transporte público moderno y eficiente que pueda trasladar a lo usuarios de esas instituciones culturales de forma rápida. Pero, ¿quiénes son esos usuarios a los que nos referimos? Todo museo, biblioteca y archivo moderno está dirigido, en primer lugar y de forma prioritaria, a servir las necesidades de construcción de conocimiento a través de la investigación desde distintos campos del saber. Piezas arqueológicas y artísticas, libros y documentos escritos, son todos bienes que merecen ser preservados pero también estar al alcance de investigadores que los analicen y produzcan nuevos conocimientos a través de ellos. La accesibilidad a estos bienes de parte de investigadores expertos, historiadores, arqueólogos, historiadores del arte, estudiantes universitarios, así como de cualquier persona que quiera informarse o simplemente conocerlos, es una necesidad prioritaria. Es, además, un ‘derecho’ innegable, que está suscrito en la Constitución ecuatoriana. 

Es inaceptable, por tanto, la decisión unilateral tomada por el Ministro de Cultura, decisión que desoye los argumentos presentados por una comunidad de expertos, profesores y estudiantes universitarios agrupados en la Coalición por la Defensa del Patrimonio.

Trinidad Pérez Arias es historiadora del arte con doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos. Investiga sobre arte moderno en Ecuador y los Andes; sobre los procesos de construcción del sistema moderno del arte en Ecuador y sobre el indigenismo pictórico. Ha publicado sobre estos temas y también sobre arte contemporáneo. Es profesora de planta e investigadora en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, donde coordina la Maestría en Museología y Patrimonio Histórico.

 

Opinión de Santiago Cabrera

El traslado de los bienes culturales alojados en el Edificio Aranjuez a la ex–Unasur responde a visiones que nada tienen que ver con la dimensión social del patrimonio cultural y con su capacidad de promover conocimientos nuevos, mediante la indagación de los materiales que atestiguan el pasado. La decisión de moverlos de un edificio en riesgo a la Mitad del Mundo se basa en argumentos que no son concluyentes. Pues hay otras opciones de mudanza.

La decisión pone al patrimonio al servicio exclusivo del turismo y no al fomento de nuevos conocimientos, restringe su acceso para la investigación, se lo periferiza y pone en riesgo, pues se lo traslada a una zona de Quito altamente vulnerable a sismos. Hay dificultades de acceso y requiere de una onerosa inversión para adecuar el Museo Nacional (MuNa), que ya usó recursos públicos para reacondicionar sus espacios en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). La crisis sanitaria y económica del país demanda austeridad.

Creo que una alternativa es renovar el comodato con la CCE, para que el MuNa siga donde ahora está y que los bienes culturales se trasladen a uno de los edificios públicos cercanos (el antiguo edificio de la Fiscalía, sobre la Av. Patria, por ejemplo). Separar los bienes y usar los fondos bibliográficos para apuntalar la Biblioteca Nacional tampoco es adecuado; esta institución existe solo de nombre y no goza de la confianza de la comunidad científica y cultural. Otra equivocada decisión es colocar al MuNa sobre el Archivo Nacional y la Biblioteca. Su naturaleza y ámbitos de acción son distintos. 

Las visiones más actualizadas ven a los museos como habitáculos de la memoria social y como espacios de la producción de nuevos saberes. Ver el MuNa apenas como vitrina con fines turísticos corresponde a una visión desactualizada, limitada y excluyente del patrimonio.

Santiago Cabrera Hanna es doctor en Historia Social por la Universidade de São Paulo y  profesor en el área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Forma parte de las redes de investigación Iberconceptos Ecuador, Red de Estudios Urbanos y Lab Mundi-USP. Investiga la cultura política de la independencia norandina, la construcción de los discursos patrimoniales y la religiosidad popular.

 

Foto de portada: Publicada originalmente en diario La Nación

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